Caracas.- La organización Provea recordó que se cumplieron once años de la desaparición forzada del dirigente social Alcedo Mora, ocurrida en febrero de 2015. Mora, quien desempeñaba un rol activo como luchador social en la región andina, desapareció meses después de haber denunciado públicamente tramas de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y contrabando de gasolina en la zona.
Alcedo Mora era un conocido dirigente regional del Partido de la Revolución Venezolana (PRV) y utilizaba espacios en las emisoras Radio Horizonte, Radio Zamora y Radio los Andes 1040 para criticar las políticas gubernamentales y exhortar a la población a organizarse en defensa de sus derechos. Según Provea, su labor de acompañamiento a las comunidades y sus denuncias contra la estatal petrolera lo pusieron en la mira de los organismos de seguridad.
De acuerdo con la información recopilada por la organización y los testimonios de los hijos de la víctima, Simón Mora Carrero y Alcedo Guaicamacuto Mora Carrero, la desaparición fue precedida por actos de hostigamiento.
El 25 de febrero de 2015, apenas dos días antes de que se perdiera su rastro, Alcedo Mora envió un mensaje de texto de alerta a sus allegados: “Camaradas, alerta, tengo requisitorio de orden de captura por el Sebin. Se me quiere involucrar en unos recuperos; la cosa es complicada; es parte donde se me quiere cobrar por unas denuncias de corrupción en Pdvsa que he venido haciendo y me quieren montar una olla. Hay que estar pendiente”.
Los familiares informaron a las autoridades que, en esos mismos días, Mora fue interceptado cerca de su casa por una camioneta negra modelo Hilux. Hombres armados descendieron del vehículo para amenazarlo de muerte. La familia destacó en su denuncia que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) utilizaba patrullas con características idénticas a la descrita.
La última vez que sus hijos lo vieron con vida fue la mañana del 27 de febrero de 2015, cuando salió de su residencia hacia su lugar de trabajo. El 5 de marzo de ese año, la familia formalizó la denuncia bajo el número de expediente K-15-0262-00618 ante el Cicpc de Mérida, notificando también a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Nacional.
Inacción del Ministerio Público
Provea señaló que, si bien la investigación del Ministerio Público mostró avances en los primeros meses con el cruce de llamadas y citaciones a personas cercanas, el proceso se detuvo. La organización indica que la Fiscalía “no realizó otras actuaciones importantes, tales como llamar a declarar a otros testigos, solicitar el rastreo de otros teléfonos, hacer inspecciones de campo, o identificar la camioneta sospechosa”.
Ante esta falta de resultados, Provea asistió a los familiares para elevar el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2016. En este escenario, la defensa del Estado venezolano sostuvo que no había evidencias de la participación de sus agentes y sugirió una hipótesis alternativa: que Mora pudo ser capturado por “grupos irregulares que operan en la República de Colombia e ingresan de manera irregular a Venezuela”.
El 22 de abril de 2020, el Comité de la ONU determinó lentitud del proceso, al señalar que las investigaciones se habían “dilatado excesivamente” y que el Estado solo proporcionó información “muy general” para justificar los cinco años de retraso que acumulaba el caso en ese momento.
Sin embargo, el Comité concluyó que “no quedó suficientemente evidenciado que hayan sido funcionarios del Estado venezolano quienes produjeron la desaparición”. Los expertos de la ONU argumentaron que no se presentó información sobre un contexto específico de desapariciones forzadas en esa época y lugar, y que ante la falta de “prueba indiciaria para fundamentar la presunción de participación”, no podían determinar el carácter forzado de la desaparición por parte de agentes estatales.
Provea rechazó esta decisión, coincidiendo con los votos disidentes del propio Comité que consideraban que sí había razones para establecer la responsabilidad estatal. “Lamentamos la decisión de la mayoría de expertos… ya que como bien lo afirman los votos disidentes había razones para establecer la responsabilidad del Estado”, expresó la organización en su informe de 2020.
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