Caracas.- El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el fallecimiento del recluso Henry Pastor Cristancho Becerra, de 53 años de edad, quien se encontraba encarcelado en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como la cárcel de Uribana, en el estado Lara.
De acuerdo con el reporte de la organización no gubernamental, la muerte de Cristancho Becerra es consecuencia de la «negligencia y la desidia del Estado». A través de denuncias recibidas por fuentes internas del penal, el OVP confirmó que el hombre presentaba complicaciones de salud desde días antes de su muerte; sin embargo, no recibió la asistencia requerida a tiempo.
En nota de prensa, el OVP denuncia la falta de transparencia tras el fallecimiento del recluso. Hasta el momento, las autoridades penitenciarias mantienen un «hermetismo oficial» sobre la causa clínica exacta del deceso. Esta opacidad impide que los familiares conozcan la verdad sobre lo ocurrido dentro de los muros de Uribana.
Según la organización, «las muertes bajo custodia del Estado no son investigadas con la debida diligencia, negando a los familiares su derecho a la verdad y perpetuando un ciclo de impunidad».
Hambre y colapso sanitario
La situación de Cristancho Becerra no sería un hecho aislado, sino el resultado de una crisis humanitaria que afecta a toda la población penal del recinto larense. Testimonios de familiares recolectados por el equipo del OVP describen las condiciones de reclusión como «inhumanas y degradantes«.
El informe de la organización revela que los privados de libertad sobreviven con una dieta que carece de los nutrientes básicos para la vida humana. «Actualmente, los reclusos sobreviven a diario con una dieta basada única y exclusivamente en harinas, sin la ingesta de ningún tipo de proteínas, vitaminas ni nutrientes esenciales», detalló el organismo. Esta carencia nutricional ha derivado en cuadros de desnutrición severa y una pérdida de peso generalizada entre los internos.
A la falta de comida se suma la inexistencia de servicios de salud, lo que conlleva a un «colapso total«, según la organización. Resaltan que el penal no hay médicos generales ni especialistas, y mucho menos los insumos básicos necesarios para tratar cualquier patología.
En el caso de Cristancho, la organización afirma que «el deterioro de su salud fue ignorado en la prisión, y la falta de asistencia médica se convirtió en una condena a muerte que pudo haberse evitado».
Medidas internacionales ignoradas
El OVP recuerda que la cárcel de Uribana cuenta desde el 2 de febrero de 2007 con medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
A pesar de que han transcurrido 19 años desde esa orden, el OVP denuncia que el Estado venezolano ha ignorado sistemáticamente estas protecciones. La organización ha solicitado de forma reiterada que se adopten acciones para resguardar la vida y la integridad de los presos, pero asegura que no han obtenido respuesta por parte de las autoridades competentes.
El Observatorio Venezolano de Prisiones recuerda que la responsabilidad del Estado sobre la vida de quienes están tras las rejas no es negociable, y destaca que garantizar la seguridad de los privados de libertad es una «obligación constitucional e internacional», no una concesión discrecional del gobierno.
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